Lo ocurrido este lunes en la Estación de Cercanías de Sol no es un caso aislado. El racismo institucional ha amparado la deshumanización de los menores racializados que migran solos mediante la criminalización de su figura, quedando reflejado en un discurso de odio que está históricamente anclado en los sistemas del Estado Español.
La desinformación que supone afirmar que los menores no acompañados perciben 4700€ mensuales ha sido permitida por la entidad de Renfe-Cercanías, contribuyendo al hostigamiento de la infancia racializada que está siendo sistemáticamente empujada a los márgenes por las estructuras de este país.
Desde SOS Racismo Madrid exigimos la retirada inmediata de esta campaña política, con una serie de puntos a tener en cuenta para rebatir las falacias planteada por dicho partido de extrema derecha:
La Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid destina un importe total a las diversas instituciones que realizan la atención de menores. Dicha cuantía va destinada a cubrir los costes del mantenimiento de las instalaciones y sufragar los gastos derivados de los salarios de los trabajadores del centro en sí mismo. Estas partidas monetarias, no van dirigidas de forma directa a los niños y adolescentes alojados en los centros de protección.
Las ayudas sociales que se dan de forma directa a estos menores forman parte de una asignación semanal que oscila entre los 6 y 16 euros semanales independientemente . Estas asignaciones realizadas por los centros de protección no realizan una distinción por del origen o procedencia del menor. Lo planteado por la Consejería a plataformas como Maldita.es y Newtral, confirman que todo lo dicho por parte de dicho partido político se construye a partir de una falacia que tiene la única intención de señalar y criminalizar al menor migrante racializado no acompañado.
Renfe-Cercanías, permitiendo que dicho mensaje racista y deshumanizante se publicite en sus instalaciones, Renfe-Cercanías ha violado los Principios de Actuación de su Código Ético donde se compromete a cumplir y garantizar los derechos humanos y “respetar las minorías étnicas, la identidad sexual y la libertad de culto”. Mediante la autorización del último cartel electoral de dicho partido en sus espacios, está atentando contra la identidad de menores racializados, amparando su criminalización y fallando al compromiso social y ético que debería tener el Grupo Renfe como entidad pública al servicio de todos los ciudadanos.
Así mismo llamamos la atención de la Junta Electoral de Madrid con el fin de que sancione con los medios que cree necesarios a dicho partido político por difundir discursos racistas y sistemáticamente discriminatorios en su campaña electoral. La misma está versada en un discurso que tiene como único fin la incitación al odio, el mantenimiento de un orden racista y criminalizador que violenta de forma sistémica contra la vida de menores migrantes no acompañados. La misma Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en su artículo 138 remite al Código Penal los delitos e infracciones de carácter electoral.
Frente a la desinformación deliberada presente en la estrategia política, desde SOS Racismo Madrid exigimos que se emprendan las acciones legales necesarias ante lo acontecido este lunes al tratarse de hechos que podrían ser constitutivos de un delito de incitación al odio, la violencia o la discriminación contra grupos vulnerables.
Esta escalada de odio racista dirigida hacia nuestros menores por partidos de ultraderecha y amparada por medios de comunicación e intereses políticos, lleva varios años expandiendo el racismo por la sociedad de forma impune. Deshumaniza a la infancia, la criminaliza y culpabiliza de los males de esta sociedad capitalista e ignora deliberadamente las circunstancias estructurales e históricas enraizadas en el colonialismo y el juego bélico de Occidente en el Sur Global, que fuerzan a estos menores a abandonar sus hogares y enfrentarse a un viaje potencialmente mortal.
Que partidos políticos fomenten discursos de odio por un puñado de votos para mantener sus privilegios sociales y económicos, nos parece necesariamente punible por la legislación y condenable por toda la sociedad.
Por lo tanto exigimos el fin de los discursos de odio y de la criminalización de la infancia migrante por motivos políticos y electoralistas. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Española exigen velar por la protección de la Infancia. Que así sea.
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