Nueve meses después de su captura, Andrea Burgos permanece en privación de la libertad. Hemos acudido al trámite de insistencia —el último mecanismo judicial disponible para que la Corte Constitucional reconsidere su caso— y, desde el Colectivo Justicia Racial, denunciamos irregularidades procesales, negligencias administrativas y la falta de garantías que hemos documentado en el expediente.
Andrea Burgos —mujer trans e influencer de Buenaventura— fue condenada a 9 años de prisión por cargos relacionados con fabricación, tráfico o porte de armas. Desde nuestro acompañamiento sostenemos que la sentencia se erigió sobre vicios procesales graves: deficiencias en la notificación, ausencia de una defensa real y pruebas insuficientes que no acreditan la culpabilidad más allá de toda duda, tal como consta en el expediente y en las actuaciones que obran en nuestras manos.
La ruta procesal fue: detención, recolección de pruebas, presentación de recursos y acciones de tutela, y ahora trámite de insistencia ante la Corte para que examine de fondo las fallas detectadas. Esa secuencia no es sólo un mapa jurídico: muestra decisiones tomadas con prisas que terminan criminalizando cuerpos y territorios ya vulnerados.
Según el expediente, la detención ocurrió el 2 de diciembre de 2018 tras una requisa a la salida de un velorio; la versión oficial registra que Andrea habría arrojado un objeto que las autoridades atribuyeron a un arma. En el proceso no existe, según los documentos, una cadena de custodia clara ni prueba material que confirme la portación por parte de Andrea. Su versión —que la ubica como observadora y niega haber portado un arma— fue desatendida en la valoración probatoria. Esos huecos en la investigación y la ausencia de medios materiales independientes son el núcleo de nuestra impugnación.
Detención y vacíos probatorios: una condena en duda
Durante la detención documentamos maltrato físico y verbal: insultos con carga homofóbica y transfóbica y agresiones atribuibles a agentes. Para el Colectivo, no se trató de incidentes aislados sino de expresiones de transfobia institucional que desde el primer contacto con el sistema penal vulneran la integridad y la dignidad de las personas trans.
La reactivación exprés del proceso —en un contexto de estancamiento previo— implicó que citaciones, audiencias y fallo se sucedieran en pocas semanas, sin garantías efectivas de notificación ni margen para investigar o contrainterrogar. La defensa pública, según nuestra valoración técnica, omitió gestiones investigativas básicas y no solicitó prueba no descubierta a la Fiscalía, lo que acentuó la hipótesis de un juicio sin defensa real.
Estas dinámicas no deben entenderse como hechos aislados: las mujeres trans, las personas racializadas y quienes viven en territorios con baja presencia estatal enfrentan una doble vulnerabilidad —social y procesal— que multiplica el riesgo de decisiones judiciales erradas. Andrea, privada de libertad desde el 17 de enero de 2025 en la cárcel de Villanueva (Cali), sufre el impacto emocional, económico y familiar de esa criminalización. Testimonios de visitas y comunicaciones relatan deterioro y estigmas que afectan a su círculo cercano.
Ruta de impugnación: recursos, insistencia ante la Corte y demanda de reparación
Hemos agotado vías judiciales y administrativas: denuncias disciplinarias, acciones de tutela, impugnaciones y recursos ante instancias superiores; hoy el caso está en trámite de insistencia para que la Corte examine de fondo las irregularidades procesales. Lo que impugnamos, en términos concretos, es: la falta de prueba material que vincule a Andrea con el arma; la insuficiencia del testimonio policial como prueba única y determinante; y la ausencia de notificación efectiva que le negó el derecho real a apelar.
Además de reclamos procesales, exigimos un enfoque diferencial que considere identidad de género, situación socioeconómica y contexto territorial, y la adopción de medidas de reparación y garantías colectivas. Pedimos a las autoridades competentes —Fiscalía, Defensoría y, en su caso, la Corte— que revisen de fondo las pruebas, garanticen la defensa efectiva (incluido el acceso real a la prueba no descubierta) y apliquen criterios de valoración probatoria con perspectiva de género y étnico-racial.
Como Colectivo no solo litigamos: activamos redes de defensoría, visibilizamos el caso y acompañamos a Andrea dentro y fuera del penal. Reclamamos respuestas judiciales y políticas públicas que reduzcan el riesgo estructural que sufren las poblaciones trans, negras y empobrecidas en territorios olvidados por el Estado.
Andrea no es un expediente: es una hija, una hermana, una persona cuya criminalización afecta vidas reales. Esa experiencia de dolor y resistencia guía nuestra acción jurídica y comunicativa.