El Colectivo Justicia Racial identifica fundamentalmente las estructuras políticas, económicas, culturales, leyes y creencias que crean el racismo en la sociedad y generan privilegios de raza socialmente aceptados. El Colectivo entiende que el racismo es un problema social y político que socava los derechos humanos y las libertades fundamentales, y es contrario a los principios de igualdad y justicia; por eso, es una de sus prioridades combatirlo, para lograr sociedades más justas y equitativas.
Para combatir el racismo en el sistema de justicia penal y carcelario en Colombia, el Colectivo Justicia Racial adelanta investigaciones, análisis de casos, revisión del derecho comparado e intercambio de experiencias con organizaciones de la sociedad civil de Colombia y otros países del mundo. Algunas medidas concretas incluyen la revisión de políticas y prácticas discriminatorias tales como la deficiente formación de los funcionarios del sistema penal y penitenciario en cuestiones étnico-raciales, la carente implementación de programas de rehabilitación y resocialización con enfoque diferencial, la incipiente promoción para el acceso al empleo y la falta de garantías para el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las personas en situación carcelaria.
El Colectivo también trabaja por la despenalización de delitos relacionados con la posesión de drogas; la promoción de la libertad condicional y otros programas de tratamiento alternativos al encarcelamiento, que pueden ser más efectivos y justos. Además, se propone generar instrumentos y metodologías para la supervisión y monitoreo de la implementación efectiva de estas políticas, como la recopilación de datos para evaluar la efectividad y equidad de las políticas y prácticas penales y penitenciarias en Colombia.
Las distintas políticas contra las drogas que ha experimentado Colombia encubren una aplicación discriminatoria en el ámbito penal y toleran la criminalización de las personas afrodescendientes por parte de la fuerza policial. Es por ello que, el Colectivo Justicia Racial aboga por una política antidrogas con enfoque de derechos humanos y que se base en la comprensión precisa y objetiva de la naturaleza del problema de las drogas y sus causas subyacentes. También considera que se requiere abordar la demanda de drogas ilícitas a través de programas preventivos y de tratamiento de adicciones, invirtiendo en educación y concienciación sobre los riesgos del consumo, así como en la creación de programas de tratamiento de adicciones accesibles y de calidad.
El Colectivo Justicia Racial, desde la perspectiva penal, promueve una política de drogas que aborde este desafío fortaleciendo la investigación y la inteligencia para desmantelar las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, así como la identificación y sanción de los responsables de su financiación y lavado de dinero. Lo anterior, implica el uso de herramientas tecnológicas, la cooperación internacional y la capacitación de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo investigaciones efectivas y recopilar pruebas sólidas. En este contexto, el Colectivo Justicia Racial incide porque se garanticen medidas penales proporcionales y equitativas, evitando la discriminación racial y asegurando que las sanciones se apliquen de manera justa y efectiva, formando a los actores judiciales en materia de derechos humanos y revisando las leyes y políticas penales para asegurar que no existan disposiciones discriminatorias o que afecten de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables.
Bajo esta línea de acción, entendemos que el racismo sistémico es una realidad global que permea las instituciones del Estado, en la que las fuerzas policiales no son una excepción. Las fuerzas de policía alrededor del mundo cometen abusos racistas con una frecuencia alarmante, principalmente en contra de personas negras, empobrecidas, sin hogar o desplazadas por la violencia. Estos abusos incluyen brutalidad policial, detención arbitraria, asesinato, perfilamiento racial, criminalización de la pobreza y la protesta social, lo que demuestra la sistematicidad de la violencia policial racista, la cual goza de altísima impunidad, falta de responsabilidad y rendición de cuentas.
Ante esta realidad, el Colectivo Justicia Racial hace seguimiento y denuncia la violencia policial racista contra personas negras en Colombia, que se expresa en golpes, asfixia, el uso de armas letales, torturas y tratos crueles y degradantes, desapariciones forzadas, montajes judiciales, perfilamiento racial, retenciones arbitrarias y homicidios, entre otros. Para abordar estos abusos racistas, el Colectivo Justicia Racial considera que es necesario implementar una reforma estructural a la policía, la cual debe incluir una revisión y fortalecimiento de las políticas y protocolos de formación de sus funcionarios, capacitación y reclutamiento, así como la creación de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas efectivos. Sin embargo, el Colectivo es consciente y defiende la idea de que una verdadera reforma policial implica reformas políticas, sociales y económicas que ataquen las causas que generan desigualdades sociales y que históricamente han sido tramitadas con aparatos represivos y de control social como la policía.
Para prevenir y afrontar la violencia basada en género, el Colectivo Justicia Racial aboga por convocar y liderar esfuerzos integrales que aborden las raíces del problema. Estos esfuerzos incluyen la educación y la sensibilización, la promoción de la igualdad de género, la mejora del acceso a la justicia, los servicios de apoyo a las víctimas, y la implementación de leyes y políticas con enfoque diferencial.
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